A medida que Brasil se aproxima de las elecciones de 2026, el riesgo de acoso electoral cobra cada vez más relevância dentro de las agendas corporativas de Compliance. Más que un tema regulatorio circunstancial, se trata de un cambio significativo en la manera en que se entiende el papel de las empresas frente al proceso democrático. Lo que antes era tratado de forma episódica y, muchas veces, reactiva, comienza hoy a consolidarse como una preocupación estructural dentro de las áreas de compliance, relaciones institucionales, gobernanza corporativa y sostenibilidad empresarial.
Esta transformación no ocurre por casualidad. La actuación cada vez más coordinada entre el Ministério Público do Trabalho (MPT), organismo responsable de la defensa de los derechos laborales colectivos, la Justiça do Trabalho, rama del Poder Judicial brasileño especializada en conflictos laborales, y el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), máxima autoridad en materia electoral en Brasil, ha elevado significativamente el nivel de escrutinio sobre conductas que, hasta hace poco, podían pasar desapercibidas o incluso considerarse normales dentro de determinadas culturas organizacionales.
La experiencia reciente de Brasil confirma este endurecimiento institucional. Durante el proceso electoral de 2022, el MPT registró más de 3.400 denuncias relacionadas con acoso electoral y amplió sus líneas de fiscalización mediante la publicación de la Carta Abierta contra el Acoso Electoral, firmada conjuntamente por el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP), el MPT y el Ministerio Público Federal (MPF). Asimismo, los casos recientes han demostrado que el acoso electoral ya genera consecuencias concretas para las organizaciones, incluyendo condenas significativas por daño moral colectivo, obligaciones de retractación pública e imposición de medidas correctivas por parte de autoridades laborales y electorales.
Sin embargo, el mayor desafío probablemente no reside en aquello que resulta evidente. En la práctica, el acoso electoral rara vez se manifiesta mediante amenazas directas o instrucciones explícitas de voto. Lo que se observa con mayor frecuencia son dinámicas más sutiles, integradas en la cotidianeidad de las relaciones laborales, tales como incentivos informales vinculados a determinados escenarios políticos, líderes que confunden su posición institucional con espacios de influencia personal, o incluso el uso de canales corporativos y herramientas digitales internas para promover narrativas que restringen la libertad de expresión política de los trabajadores. Dentro de ambientes jerárquicos, la relación de subordinación puede alterar la percepción de libertad del empleado, generando formas indirectas e indebidas de influencia política. Cabe destacar, además, que el riesgo puede trascender los límites formales de la relación laboral y alcanzar a terceros, proveedores y entidades empresariales que actúen en nombre o en beneficio de la compañía.
Es precisamente esta naturaleza difusa la que convierte el tema en algo más complejo —y, al mismo tiempo, más peligroso. En conversaciones recientes con áreas de compliance y recursos humanos, se ha observado recurrentemente que muchas empresas todavía operan bajo una lógica de “inacción deliberada”. Existe la percepción de que el riesgo se encuentra mitigado simplemente evitando manifestaciones políticas explícitas por parte de la alta dirección. Sin embargo, la realidad suele ser exactamente la contraria: los problemas se acumulan de manera silenciosa, ganan fuerza internamente y, cuando finalmente emergen, ya vienen acompañados de desgaste reputacional, investigaciones regulatorias y, no pocas veces, importantes consecuencias laborales en cadena.
Esta desconexión entre percepción y realidad revela un punto fundamental: el acoso electoral no constituye únicamente un problema de conducta individual. Sobre todo, expone el grado de madurez de una organización para establecer límites claros respecto al ejercicio del poder y de la influencia dentro de su estructura, así como su nivel de cumplimiento de las normas regulatorias aplicables, incluyendo las disposiciones de la Resolución No. 23.610/2019 del TSE, modificada por la Resolución No. 23.755/2026.
Las empresas que ya comenzaron a abordar el tema de manera más estructurada tienden a adoptar un enfoque menos reactivo y más preventivo. En la práctica, estas organizaciones demuestran mayor madurez al implementar protocolos específicos para períodos electorales, incluyendo revisiones de códigos de conducta y directrices formales de comunicación interna, restricciones al uso de canales corporativos para manifestaciones político-partidistas, capacitaciones dirigidas a líderes sobre cómo prevenir y tratar riesgos relacionados con el acoso electoral, y el fortalecimiento de los canales de denuncia para garantizar el anonimato y la protección contra represalias.
Más que evitar sanciones o exposición jurídica, se trata de preservar un elemento esencial para cualquier organización: la confianza. Porque, en última instancia, lo que está en juego no es solamente el cumplimiento de obligaciones legales o las buenas prácticas de gobernanza, sino la capacidad de la empresa de garantizar un entorno en el que el ejercicio del derecho fundamental al voto libre no esté condicionado, directa o indirectamente, por las dinámicas internas de poder. Tal vez, en este contexto, la neutralidad durante los períodos electorales no deba no deba interpretarse como falta de posicionamiento, sino como una decisión activa de protección institucional.
Frente a este escenario, la pregunta ya no es si las empresas deben abordar el tema, sino si realmente están preparadas para enfrentarlo antes de que deje de ser un riesgo y se convierta en una crisis.
Referencias:
- BRASIL. Ley No. 4.737, de 15 de julio de 1965 (Código Electoral Brasileño), artículos 299 y 301 (delitos de corrupción y coacción electoral). Brasília, DF. Disponible en: planalto.gov.br.
- CONJUR. Elecciones 2026: el acoso electoral y los desafíos del compliance laboral en las empresas. Consultor Jurídico, 2026. Disponible en: conjur.com.br.
- MINISTERIO PÚBLICO DEL TRABAJO (MPT). Datos estadísticos sobre denuncias de acoso electoral en el ambiente laboral. Brasília: MPT, 2022–2026. Disponible en: mpt.mp.br.
- MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE SÃO PAULO (MPSP). Carta Abierta Interinstitucional de Enfrentamiento al Acoso Electoral (firmada conjuntamente por MPSP, MPT y MPF). São Paulo, SP. Disponible en: mpsp.mp.br.
- TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE). Resolución TSE No. 23.610/2019 y modificaciones introducidas por la Resolución No. 23.755/2026. Normas relativas a la supervisión y protección de la libertad del voto en entornos corporativos. Brasília: TSE. Disponible en: tse.jus.br.
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Autores:
Victor Alota, especialista en programas de integridad en mercados altamente regulados, con más de 13 años de experiencia en lucha contra la corrupción, cumplimiento normativo comercial, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/FT) y certificaciones internacionales como la ISO 37001.
Marcelo Toro es abogado y ejecutivo de cumplimiento normativo con más de 15 años de experiencia en empresas nacionales y multinacionales. Fue director global de cumplimiento normativo de Braskem, donde dirigió programas de cumplimiento normativo e investigaciones internas en operaciones en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Cuenta con un MBA en Gestión de Personas y Procesos por la FIA, un posgrado en Derecho Societario por la FGV y es licenciado en Derecho por la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Es miembro de comités de cumplimiento normativo y ética, y es reconocido por su experiencia en cultura de integridad, investigaciones internas y programas globales de cumplimiento normativo.
