El 01 de agosto de 2013, Brasil promulgó la ley 12.846 (“Ley Anticorrupción” o “Ley”) estableciendo la responsabilidad corporativa objetiva por actos de corrupción contra funcionarios públicos brasileños y extranjeros. Además de eso, la Ley Anticorrupción define como actos ilícitos frustrar o defraudar procesos de licitación y otros actos fraudulentos relacionados a contratos públicos.
La pregunta que todos se hicieron diez años atrás era si la Ley Anticorrupción sería aplicada con rigor en Brasil. La respuesta se vio algunos meses después con la Operación Lava Jato, uno de los mayores escándalos de corrupción de la región y del mundo. Fueron más de siete años de investigaciones llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. La operación recuperó más de BRL 20 mil millones y resultó en la época en la prisión de altos executivos e importantes personas públicas brasileñas Y ahora la pregunta que se hace es, ¿cuál es el futuro del combate a la corrupción en Brasil y cuáles son sus impactos en América Latina?
Aunque Brasil logró una marca buena en el Índice de Percepción de la Corrupción de la Transparencia Internacional en 2014, el país perdió veinticinco posiciones en los últimos diez años. Brasil tiene 38 puntos, debajo de la media global (43 puntos) y está en la posición 94. Otros países como Paraguay y Venezuela también tienen una marca debajo de la media con 28 y 14 puntos respectivamente.
Pero, tiene que haber esperanza en la lucha contra la corrupción en la región. Por ejemplo, Uruguay (74 puntos) y Chile (67 puntos) siguen con las mejores evaluaciones de los países de la América del Sur.
Además, la Contraloría Federal de Brasil – CGU, órgano de control interno del Poder Ejecutivo Federal brasileño y también responsable de prevenir y combatir la corrupción en el país, ha realizado la conferencia “10 años de la Ley Anticorrupción: Equilibrio y Nuevos Caminos” el 01 y 02 de agosto en la capital del Brasil. Durante el evento, se destacó la regulación de la exigencia de Programas de Cumplimiento para las contrataciones con el gobierno brasileño, alteración provocada por la nueva Ley de Licitaciones (Ley n.º 14.133/2021). También, fue discutido la publicación del guía para firmar acuerdos de clemencia en el ámbito de la Ley Anticorrupción con la CGU.
Igualmente, se dijo sobre la revisión del Manual Práctico para el Cálculo de Multas conforme al Decreto Reglamentario # 11.129/2022 (“Decreto”), promulgado en julio de 2022, después de la revocación del decreto anterior, el Decreto Reglamentario n.º 8.420/2015. El nuevo Decreto detalló algunos de los parámetros de evaluación de los Programas de Cumplimento, entre los que cabe destacar la necesidad de (i) demostrar el compromiso de la alta dirección mediante la asignación adecuada de recursos al Programa de Cumplimento; y (ii) realizar debidas diligencias en la contratación de terceros de riesgo (despachadores, asesores y representantes comerciales), de personas políticamente expuestas y para otorgar donaciones y patrocinios. También, el Decreto amplió el porcentaje de reducción de la multa al 5% en caso de existir un programa de cumplimiento efectivo.
Además, la conferencia trató sobre la exigencia de programas de cumplimento para las empresas que buscan financiaciones superiores a BRL 300 millones con el Banco Nacional de Desarrollo y Económico y Social de Brasil. Por fin, la CGU destacó algunas novedades publicadas en su sitio web: (i) panel de monitoreo de las mejorías de los programas de integridad de las empresas comprometidas por acuerdos; (ii) el guía de acuerdo de clemencia y también la inclusión de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (“ASG” o también conocido como “ESG”) en el sello Pró-Ética. Este sello fue el primero de su tipo en América Latina para promover e incentivar la adopción de medidas de integridad y anticorrupción en el sector empresarial.
El sello Pró-Ética se consolidó en Brasil y en América Latina en los últimos años, especialmente después de su reestructuración para adaptarse a los cambios traídos por la Ley Anticorrupción en 2014. Entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos (“OEA”), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (“UNODC”) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) consideran el sello una buena práctica del sector privado en Brasil. Según la CGU, en 2022 hubo récord de registros, con un total de 195 empresas evaluadas, así como actualmente hay 67 empresas acreditadas con Pro-Ética para el bienio 2020-2021, cifra 250% superior a la de 2018, bienio -2019.
Aún, se observa la consolidación y crecimiento de sellos de integridad en América Latina través de la iniciativa del Gobierno de Paraguay anunciada en marzo de 2022, con la finalidad de instituir una certificación para fomentar una cultura de ética e integridad en los negocios. Otro factor que demuestra la evolución de los sellos de integridad y la relación entre los programas de integridad y la agenda ASG, es el Sello Más Integridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil. El Sello Más Integridad fue instituido en diciembre de 2018 con el objetivo de fomentar la integridad en los agronegocios en relación con aspectos de responsabilidad, sustentabilidad, ética y la mitigación de riesgos de fraude, soborno y corrupción.
De esta forma se observa la importancia de las acciones del gobierno y de la Ley en la lucha contra la corrupción, y que el sector privado está atento a las evoluciones que compone un programa de cumplimento. Las empresas siguen con su agenda de cumplimiento buscando sellos y certificaciones de cumplimiento. Un programa de compliance efectivo garantiza mejores índices en los negocios, mitiga los riesgos, incluso los reputacionales, y reduce el monto de las sanciones en caso de incumplimiento de la Ley Anticorrupción.
