La corrupción es un problema generalizado que afecta a sociedades y economías de todo el mundo, minando la confianza, erosionando las instituciones públicas y ahogando el crecimiento económico. Definida como el abuso de poder en beneficio propio, la corrupción se manifiesta de diversas formas, como el soborno, la malversación y el favoritismo. Sus implicaciones globales son amplias y polifacéticas, y afectan a todos los aspectos de la gobernanza, la estabilidad económica y el bienestar social.
Desde una perspectiva económica, la corrupción impone costes significativos tanto a las naciones desarrolladas como a las que están en vías de desarrollo. Desvía fondos públicos de servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras a manos de unos pocos, exacerbando la desigualdad y la pobreza. Además, la corrupción disuade la inversión extranjera, ya que las empresas son reacias a operar en entornos en los que predominan las prácticas opacas y los tratos poco éticos. Según el Banco Mundial, se calcula que cada año se pagan 1 billón de dólares en sobornos, una cifra que pone de relieve la asombrosa magnitud de este problema.
A nivel social, la corrupción erosiona la confianza pública en las instituciones y los dirigentes del gobierno. Los ciudadanos que perciben una corrupción generalizada a menudo pierden la fe en el Estado de derecho y en los procesos democráticos, lo que conduce a la apatía, el malestar social o incluso a levantamientos. La corrupción afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, ya que distorsiona el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades, perpetuando los ciclos de pobreza y desigualdad.
En América Latina, la corrupción es desde hace tiempo un problema generalizado que socava el progreso económico y la estabilidad democrática en toda la región. Los escándalos en los que se han visto implicados altos funcionarios y las malversaciones a gran escala han puesto de manifiesto problemas sistémicos de gobernanza y rendición de cuentas. Por ejemplo, la investigación de la «Operación Lava-Jato» en Brasil destapó una corrupción generalizada en la que estaban implicados políticos, corporaciones y empresas estatales, lo que sacudió la confianza pública y desencadenó protestas generalizadas. Del mismo modo, la corrupción en países como Venezuela ha contribuido al colapso económico y a la migración masiva. Los esfuerzos para combatir la corrupción en América Latina han tenido cierto éxito, y los movimientos de base, el periodismo de investigación y las reformas judiciales han desempeñado un papel clave. Sin embargo, las prácticas arraigadas y la debilidad de las instituciones siguen impidiendo avances significativos.
El informe más reciente del Transparency International’s Corruption Perceptions Index (CPI), publicado en enero de 2024, revela que la corrupción sigue siendo un reto importante en todo el mundo. Dicho informe pone de relieve un preocupante estancamiento en los esfuerzos mundiales contra la corrupción. En los últimos doce años, sólo 28 países han mejorado sus puntuaciones en el CPI, mientras que 34 han experimentado descensos significativos. La mayoría de las naciones, 118 en total, no muestran cambios sustanciales, lo que indica la persistencia de los retos en la lucha contra la corrupción.
Estos resultados subrayan la urgente necesidad de estrategias integrales de lucha contra la corrupción, que incluyan marcos jurídicos sólidos, instituciones transparentes y una participación activa de la sociedad civil, para abordar y reducir eficazmente la corrupción en todo el mundo.
Las consecuencias de la corrupción para la reputación trascienden las fronteras. Los países con altos niveles de corrupción suelen ser percibidos como socios inestables y poco fiables en la escena mundial. Esta percepción afecta a las relaciones internacionales, los acuerdos comerciales y los compromisos diplomáticos. Las organizaciones y los gobiernos envueltos en escándalos de corrupción se enfrentan a una credibilidad dañada, una influencia disminuida y repercusiones legales
La lucha contra la corrupción requiere un enfoque polifacético. Las iniciativas mundiales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, subrayan la necesidad de colaboración internacional para combatir este problema generalizado. Las buenas prácticas recientes incluyen la implantación de herramientas digitales para la transparencia, como las plataformas de contratación electrónica, que reducen las oportunidades de soborno y conflicto de interés o nepotismo. Las leyes de protección de los denunciantes también han demostrado su eficacia a la hora de animar a las personas a denunciar conductas indebidas sin temor a represalias. Además, las reformas del sector público centradas en la contratación basada en el mérito y las evaluaciones del rendimiento ayudan a frenar el favoritismo y el nepotismo. Los esfuerzos de colaboración, como las asociaciones de gobierno abierto y las investigaciones transfronterizas, han demostrado que la cooperación internacional es crucial para hacer frente a las complejas redes de corrupción. Adoptando estas estrategias, las sociedades pueden construir un futuro más equitativo, próspero y resistente, garantizando que los recursos se utilicen para el bien colectivo y no para el enriquecimiento personal.
Por: Marcele Lopes de Almeida
Marcele Lopes de Almeida es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS); tiene Posgrado en Compliance por la FGV-SP; Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y actualmente está cursando el Doctorado en Relaciones Internacionales en la UCM. Con una trayectoria profesional internacional en las áreas corporativa, contractual y de cumplimiento. Es miembro certificado de la Society of Corporate Compliance & Ethics – SCCE; del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de la OAB-SP y miembro del Comité LATAM de la LEC.
Ha ocupado cargos ejecutivos en grandes multinacionales. Actualmente es General Counsel y Chief Compliance Officer para América Latina en Bureau Veritas Group.
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